En el marco del Forbes Mining Summit en Buenos Aires, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, expuso ante inversores el plan provincial para integrar a la jurisdicción a la demanda global de minerales críticos. Sin embargo, la estrategia de apoyarse en el cobre como nuevo motor económico enfrenta severas dudas debido a las limitaciones de infraestructura en un contexto de paralización de la obra pública nacional, sumado a la cautela que genera el histórico rechazo social en la provincia.
Reformas aceleradas y el proyecto faro del sur mendocino
Para revertir años de paralización en el sector, la gestión provincial impulsó reformas institucionales como la modificación del Código de Procedimiento Minero y la delimitación de zonas de exploración en el sur mendocino. El proyecto emblemático de esta nueva etapa es PSJ Cobre Mendocino, el cual proyecta una inversión de US$ 850 millones.
Pese a las señales del Ejecutivo respecto a una mayor licencia social, la actividad mantiene la sombra de la resistencia comunitaria y judicial que frenó proyectos en el pasado. El propio gobernador reconoció que el éxito del esquema requerirá consensos políticos sostenidos en un entorno macroeconómico nacional volátil.
La infraestructura como principal cuello de botella
A la discusión regulatoria se le añade el freno logístico y energético. Ante la política del Gobierno nacional de mantener congelada la obra pública, la construcción de rutas, tendidos eléctricos y conexiones ferroviarias amenaza con demorar la concreción de los emprendimientos.
- Infraestructura del yacimiento: La provincia sostiene que las compañías operadoras deben asumir los costos financieros directos dentro de sus áreas de concesión.
- Conectividad de gran escala: Las redes viales y de transporte de mayor envergadura requieren financiamiento o articulación pública, exponiendo las limitaciones presupuestarias actuales para convertir los anuncios de inversión en producción efectiva.
Con información de Tiempo de San Juan.
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