Un polémico paquete de medidas destinado a acelerar las inversiones mineras en el Perú ha encendido las alarmas en el sector ambiental e indígena. El pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo de Keiko Fujimori ante el Congreso de la República propone un esquema de «trámite exprés» y aprobación automática de instrumentos ambientales que dejaría fuera de la revisión técnica previa a ecosistemas frágiles y a comunidades originarias sin titulación oficial.
El documento, que solicita delegación de facultades por un plazo de 120 días calendario para legislar en materia de inversiones, simplificación administrativa y modernización del Estado, introduce reformas de fondo a los procesos de evaluación ambiental con el objetivo de reducir plazos burocráticos.
«Trámite exprés» para la exploración y aprobación automática
Entre las modificaciones más sustanciales para el sector minero, la propuesta establece plazos reducidos para la autorización de proyectos de exploración mediante el uso del silencio administrativo positivo:
- Hasta 40 plataformas de perforación: Se aprobarían mediante una Ficha Técnica Ambiental (FTA) en un plazo máximo de 10 días hábiles.
- Entre 41 y 60 plataformas: Tramitarían una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con un plazo de 20 días hábiles.
Asimismo, la iniciativa contempla la aprobación automática de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) para aquellos proyectos que se consideren fuera del ámbito del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siempre que no se superpongan con Áreas Naturales Protegidas (ANP), zonas arqueológicas o territorios indígenas formalmente reconocidos.
Ecosistemas frágiles y comunidades no tituladas, los principales expuestos
A pesar de que el texto ratifica la protección para las ANP oficiales, no otorga el mismo blindaje técnico previo a otros espacios de alta sensibilidad ecológica. Cabeceras de cuenca, humedales, bofedales, bosques secos, lomas costeras y acuíferos quedarían comprendidos dentro de los esquemas de aprobación simplificada sin una evaluación previa sobre sus impactos en el agua y el suelo, trasladando el control a una fiscalización posterior.
Impacto en territorios indígenas: Al limitar las excepciones a bases de datos oficiales, las comunidades nativas o campesinas que aún no concluyen sus trámites de titulación —así como las solicitudes de reservas para Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI)— no contarían con el filtro de exclusión automática ni de consulta previa para estos procedimientos.
Limitación a la opinión de organismos técnicos
El proyecto busca redefinir la intervención de entidades especializadas como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Bajo el nuevo esquema, el Senace podría emitir certificaciones sin requerir la opinión técnica vinculante de estos organismos en los casos estipulados.
Finalmente, la propuesta abre la puerta a la regularización de componentes mineros ejecutados sin previo instrumento ambiental y contempla la creación de programas de cumplimiento que permitirían suspender procesos sancionadores mientras la empresa aplique un plan de adecuación.
Con informacion de Infobae.
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