En un artículo de opinión publicado este miércoles 29 de julio, la estudiante de Relaciones Internacionales y activista ambiental Itatí Brida cuestionó severamente los proyectos de integración minera entre la provincia de Mendoza y Chile. Según la autora, la iniciativa de conformar un corredor extractivo interoceánico pone en riesgo directo los recursos hídricos, las economías regionales y los derechos comunitarios en ambos lados de la cordillera.
La publicación denuncia que la promoción del sector minero en Argentina —bajo la administración de Javier Milei— se da en un contexto de beneficios fiscales para las grandes corporaciones en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, la salud y la educación pública.
Advertencia por la crisis hídrica y la situación en Mendoza
El texto hace especial énfasis en la preservación de las cuencas de alta montaña y los glaciares, señalando que la experiencia chilena en materia extractiva ofrece un espejo de alerta sobre la disponibilidad futura del agua:
- Riesgo de estrés hídrico: Citando datos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), la activista advierte que Chile se perfila para ser el primer país sudamericano en enfrentar una severa escasez de agua en los próximos 14 años.
- Conflicto socioambiental en Mendoza: La autora califica como «paradigmático» el caso mendocino, denunciando la criminalización de defensores del agua y cuestionando el rol de las autoridades provinciales frente a las protestas pacíficas en localidades cordilleranas como Uspallata.
Llamado a la soberanía ambiental y la participación ciudadana
Hacia el cierre del documento, Brida postula que la alianza estratégica entre Argentina y Chile debería orientarse hacia la conservación de los bienes comunes, la protección de las fuentes de agua dulce y el fortalecimiento de las actividades productivas tradicionales que generan empleo local.
En ese sentido, sostiene que cualquier proyecto a desarrollarse en el territorio debe contar con mecanismos transparentes de participación ciudadana, garantías para la protesta social y el cumplimiento estricto de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.
Con información de La Izquierda Diario.
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