Un grupo de mujeres originarias pertenecientes a Las Warmis del Kollasuyu culminó una histórica caminata de un mes desde la Puna jujeña hasta el Congreso de la Nación en Buenos Aires, exponiendo ante el país la severa crisis ambiental y social que genera la actividad minera en la provincia de Jujuy. La movilización exige el cese del saqueo extractivista, el fin de la contaminación hídrica y el freno a los desalojos en territorios ancestrales.
La travesía, que se extendió por más de 1.800 kilómetros, visibiliza la falta de respuestas de las autoridades provinciales. Tras presentar en 2025 un petitorio sin obtener soluciones en suelo jujeño, las comunidades decidieron llevar su reclamo directamente al Poder Legislativo nacional.
Laguna de Pozuelo: un desastre ambiental impune en la Puna
El testimonio de las caminantes expone el impacto destructivo de los proyectos mineros en ecosistemas frágiles de la provincia. Florencia Solís, referente de la comunidad de Laguna de Pozuelo, denunció que lo que solía ser un ecosistema biodiverso hoy enfrenta las severas consecuencias del avance minero, el cual acumula 175 pedimentos o solicitudes legales en la cuenca.
- Pasivos ambientales sin remediar: El histórico proyecto Pan de Azúcar dejó suelos contaminados con plomo, plata y zinc durante más de 50 años sin un plan de remediación ambiental efectivo.
- Agotamiento de recursos hídricos: La mina a cielo abierto Chinchillas aceleró la sequía del humedal, perjudicando la disponibilidad de agua para el consumo humano y la supervivencia del ganado camélido, principal sustento de las comunidades de la zona.
- Riesgos sanitarios: Los pobladores alertan sobre la contaminación del agua y el suelo, advirtiendo sobre el incremento de enfermedades complejas como el cáncer entre los habitantes locales.
Indiferencia institucional y violación de tratados internacionales
A la degradación del territorio se suma la falta de diálogo de las autoridades ante las demandas comunitarias. Las referentes denunciaron haber sido recibidas con desplegados policiales en el Congreso, mientras continúan sin aplicarse las garantías del Convenio 169 de la OIT y del Acuerdo de Escazú, normativas que exigen la consulta previa, libre e informada junto con el acceso a la justicia ambiental.
«No nos metan más minería en nuestros territorios, no nos destrocen nuestros cerros sagrados, no nos envenenen nuestros suelos y nuestra agua… Tienen que darse cuenta que no se trata solo del exterminio de los pueblos originarios, sino de toda la población», advirtió Florencia Solís.
El reclamo de Las Warmis deja en evidencia que el modelo extractivo aplicado en Jujuy no solo pone en peligro la subsistencia de las comunidades de la Puna, sino que está derivando en un pasivo social y ecológico irreversible para la provincia.
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