En el marco del proceso de reorganización administrativa y reducción del gasto público impulsado por la gestión del presidente Javier Milei, la Secretaría de Minería de la Nación formalizó la derogación de una serie de planes operativos, reglamentos y programas del sector. La medida fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 64/2026, firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, y publicada en el Boletín Oficial.
La decisión deja sin efecto resoluciones dictadas entre 2008 y 2022 que regulaban la transferencia de fondos a provincias y municipios, la planificación estratégica, la minería social, la revisión de importaciones, el monitoreo ambiental y la equidad de género en la industria. Según los considerandos oficiales, la resolución se apoya en los principios de la Ley Bases para optimizar el funcionamiento del Sector Público Nacional, eliminando estructuras consideradas obsoletas, transitorias o incompatibles con los estándares de austeridad actuales.
Las normas derogadas por la Secretaría de Minería
La Resolución 64/2026 dio de baja un conjunto de ocho normativas dictadas por la propia Secretaría de Minería y el ex-Ministerio de Desarrollo Productivo:
- Transferencia de fondos: Quedaron sin efecto las resoluciones 55/2008 y 134/2008, que regulaban el Reglamento Particular para la Transferencia de Fondos a provincias, municipios y otros entes.
- Minería Social: Se derogó la Resolución 36/2020, que había adaptado el Plan Nacional de Minería Social a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Por el mismo motivo se eliminó la Resolución 50/2022, que otorgaba prórrogas para la rendición de fondos recibidos en proyectos sociales y de huellas mineras.
- Planificación estratégica e importaciones: Se eliminaron la Resolución 47/2020 (creadora del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino) y la Resolución 138/2020 (que puso en marcha la Mesa Técnica de Análisis para revisar importaciones del sector).
- Género y monitoreo ambiental: Se dieron de baja la Resolución 255/2021 (que dio origen a la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas) y la Resolución 53/2022 (Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales).
Garantía para los convenios vigentes y búsqueda de eficiencia
Desde el Ejecutivo aclararon que la caducidad de estas normas no suspenderá la ejecución de los convenios que hayan sido firmados de forma previa. Los compromisos asumidos continuarán bajo los procesos de ejecución, rendición de cuentas y eventual recupero de fondos, regidos por el marco normativo de administración financiera vigente.
Respecto al control de variables ambientales, el Gobierno fundamentó que la derogación busca reemplazar estructuras sobrecargadas por «mecanismos alternativos más eficientes». La reestructuración responde a un intento de reordenar el marco regulatorio del sector extractivo —impulsado por la llegada de inversiones en litio, cobre, oro y plata— concentrando la gestión pública en instrumentos de mayor agilidad administrativa.
Con información de Ámbito Financiero.
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