La controversia por el futuro de las reservas hídricas de la Argentina ha escalado a un nuevo nivel. Más de 30 organizaciones sociales y ambientales, bajo la coordinación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), presentaron un documento técnico que analiza artículo por artículo la reforma de la Ley de Glaciares (N.º 26.639). La conclusión es tajante: el proyecto es «ilegal e inconstitucional» y viola tratados internacionales de derechos humanos.
Según las ONG, la iniciativa del Ejecutivo nacional no busca «precisar» la ley, sino reducir drásticamente los estándares de protección para habilitar actividades industriales, principalmente la minería de cobre y oro, en zonas hoy vedadas por su sensibilidad hídrica.
Análisis artículo por artículo: El «vaciamiento» de la norma
El informe detalla cómo cada cambio impacta directamente en la seguridad de los ecosistemas de montaña:
- Pérdida de carácter público (Art. 1): Los glaciares dejarían de ser bienes con protección especial, permitiendo que las provincias operen sobre ellos sin reconocer el derecho colectivo al ambiente.
- Recorte del Inventario (Art. 2 y 4): Ya no se protegerían todos los glaciares. Solo quedarían bajo resguardo aquellos que las provincias consideren «reservas estratégicas hídricas». Incluso, se faculta a las provincias a ordenar al IANIGLA la eliminación de cuerpos de hielo del Inventario Nacional sin criterios científicos uniformes.
- Inversión del principio precautorio (Art. 3): Las zonas estarían desprotegidas por defecto hasta que la provincia verifique si cumplen funciones hídricas, lo que pone en riesgo microcuencas vitales para comunidades locales.
- Autorizaciones en lugar de prohibiciones (Art. 5): Se reemplazaría la prohibición absoluta de actividades nocivas por autorizaciones provinciales. El informe advierte que esto beneficiaría directamente a proyectos como Josemaría, Los Azules y El Pachón, cuyas infraestructuras atraviesan o lindan con glaciares de escombro.
Un retroceso prohibido por tratados internacionales
El documento jurídico sostiene que la reforma viola el «principio de no regresión» establecido en el Acuerdo de Escazú, un tratado con jerarquía superior a las leyes nacionales que impide que los Estados reduzcan los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
Las organizaciones denuncian que se está reemplazando el federalismo de concertación por un «feudalismo administrativo». «Ahora, cada provincia podría decidir qué proteger y qué no, fragmentando la protección nacional y vaciando de contenido el concepto de presupuestos mínimos», señala el informe.
El argumento científico: La ley no bloquea, ordena
Frente a las críticas del sector minero que acusan a la ley de ser una «barrera», las ONG replican que la norma «no bloquea el desarrollo: lo ordena». El informe enfatiza que, en un contexto de crisis climática global, desproteger el suelo congelado —que actúa como regulador hídrico en épocas de sequía— generará impactos económicos y sociales irreversibles.
Las organizaciones concluyen que la reforma carece de justificación científica y técnica, y advierten que avanzar con estos cambios ignoraría el fallo de la Corte Suprema de 2019, que ya ratificó la plena constitucionalidad de la ley actual.
Con información de Noticias Ambientales.
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