El proceso de despegue de la minería de gran escala en Argentina sumó su primer gran debate en torno al desarrollo de la cadena de valor local. Durante la última emisión de Aguas Arriba, el ciclo audiovisual producido por EconoJournal, un panel de especialistas analizó las tensiones entre la competitividad que exigen las corporaciones internacionales y la necesidad de integrar a la industria nacional.
El disparador de la polémica fue la decisión de importar módulos habitacionales a la empresa estatal PowerChina para el campamento minero de Vicuña, el megaproyecto de cobre más ambicioso del país. Ubicado en la cordillera y operado en conjunto por Lundin Mining y BHP, Vicuña prevé una inversión monumental de 18.000 millones de dólares.
A pesar de que las operadoras aclararon que este cargamento representa solo el 25% del campamento final y que habrá nuevas licitaciones, la resolución encendió las alarmas de los fabricantes locales. Desde la Cámara Argentina de Construcción Modular e Industrializada (CACMI) expresaron su profunda preocupación debido a que el sector nacional no fue llamado a concursar, a pesar de asegurar que cuentan con los precios y la capacidad técnica para abastecer la obra.
Aversión al riesgo y los tiempos de la «City» minera
Leandro Seoane, secretario de la CACMI y director de la firma de construcción modular 4housing, explicó que al haber participado una sola empresa argentina en la compulsa, resulta imposible medir la competitividad real de la oferta local frente a la de origen chino.
Desde la perspectiva legal y corporativa, Juan Biset (socio de Nicholson y Cano Abogados) aportó una mirada sobre la lógica de las multinacionales:
“A las grandes operadoras muchas veces les gana la aversión al riesgo y la necesidad de apurarse. En proyectos mineros con este volumen de CAPEX (inversión en capital), cada minuto cuenta y cada demora tiene un costo. Gana el ‘compremos a un proveedor que conozco porque bajo el riesgo y me aseguro de que estoy en plazos’”.
Sin embargo, Seoane catalogó la elección como apresurada debido a las complejidades extremas del terreno de la Puna. Detalló que la CACMI confecciona un informe de capacidad instalada de unas 60 empresas nacionales del rubro para demostrarle a las mineras del RIGI que el país tiene la trayectoria necesaria para responder a sus demandas. “Si acreditamos nuestra capacidad, esto va a cambiar. De mínima, queremos participar”, reclamó el empresario.
El RIGI bajo la lupa: «Oportunidades que se cuentan con los dedos»
La mayor preocupación de los analistas radica en el precedente normativo. Vicuña es uno de los primeros proyectos mineros en ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por lo que este caso podría fijar las reglas de juego y la metodología laboral de los próximos emprendimientos en el país.
Al respecto, Flavia Royón, exsecretaria de Minería y Energía de la Nación, consideró el hecho como un fuerte llamado de atención. Recordó que el RIGI otorga históricos beneficios fiscales a las corporaciones bajo la estricta contraprestación de que se traduzcan en desarrollo de proveedores, transferencia de know-how y generación de empleo genuino.
“No se trata de no importar, sino de hacerlo cuando el país no produzca. Esto va más allá de si la decisión fue acertada, se trata de qué foto queremos, porque no estamos hablando de 100 proyectos, sino de oportunidades que se cuentan con los dedos de una mano”, enfatizó Royón.
El modelo australiano y el rol del Estado
Para salir de la encrucijada, el panel coincidió en que los esquemas rígidos de «compre local» obligatorio terminan restando competitividad a las inversiones al forzar compras ineficientes. La solución superadora, según Royón y Biset, requiere que el Estado actúe como un articulador público-privado, mapeando las capacidades locales y acercando la oferta pyme a las mesas de compras de las mineras.
Por su parte, el economista Santiago Bulat (jefe de IDEA y socio de Invecq Consulting) aportó que no se puede ignorar el contexto macroeconómico local. Advirtió que las empresas argentinas corren con desventaja frente a las extranjeras debido a costos financieros elevados, una alta carga tributaria y la falta de acceso al crédito.
Para contrarrestar esto, Bulat propuso emular la experiencia de Australia: un sistema donde las mineras están obligadas por protocolo a agotar la búsqueda de alternativas nacionales competitivas y solo se les habilita la importación cuando se demuestra que no existe una opción equivalente en el mercado interno.
Con información de Econo Journal.
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