La Justicia de Salta hizo lugar a una medida cautelar presentada por una empresa local de servicios mineros y ordenó embargar a POSCO por una cifra millonaria.
La causa de inició por un conflicto por la obra del proyecto «Sal de Oro» en la puna, donde la empresa contratista debía avanzar en la construcción de una estación de bombeo y una tubería para el acueducto del proyecto minero.
Según la presentación de la empresa, durante la ejecución de la obra surgieron múltiples inconvenientes ajenos a su responsabilidad, entre ellos problemas logísticos en la Puna, falta de alojamiento para el personal, demoras en la provisión de materiales y modificaciones introducidas por la empresa contratante en el desarrollo de los trabajos.
La firma sostuvo que, pese a esas circunstancias, POSCO rescindió el contrato en abril de 2026 atribuyéndole un supuesto abandono de obra, sin realizar previamente una liquidación definitiva y consensuada de las obligaciones económicas pendientes.
POSCO conocía la realidad de la situación, sin embargo, avanzó en una decisión que perjudica a los trabajadores salteños.
En la resolución se señala que existían negociaciones abiertas entre las partes respecto de la liquidación final del contrato y de los montos que cada una reclamaba, por lo que permitir que una de ellas ejecutara unilateralmente las garantías económicas podía alterar de manera irreversible la situación patrimonial antes de que se resolviera el litigio principal.
En ese sentido, la jueza destacó el principio de buena fe que debe regir la ejecución de los contratos y entendió que la eventual ejecución de los seguros de caución y avales bancarios podría ocasionar graves perjuicios financieros para la empresa demandante.
Además de ordenar la medida de no innovar, el juzgado dispuso un embargo preventivo sobre fondos de la empresa de capitales surcoreanos por USD 298.136, monto que, según la resolución, correspondería a un saldo bruto que la propia empresa habría reconocido durante las negociaciones previas.
A esa suma se agregaron USD 59.627,20 estimados para cubrir intereses y accesorios legales.
El embargo deberá efectivizarse sobre las cuentas bancarias de la empresa mediante un oficio dirigido al Banco Central, que notificará la medida a todas las entidades financieras del país.
También la justicia busca saber si despiadadamente POSCO intentó cobras los seguros mientras los salteños se encuentran perjudicados.
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