La reactivación de la actividad minera en San Juan comenzará a impactar en el mercado inmobiliario local con una restricción concreta en la oferta de propiedades. Así lo advirtió el presidente de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de la provincia, Mauricio Turell, quien señaló que el déficit habitacional podría dificultar la radicación de personal técnico y familias vinculadas a los nuevos desarrollos productivos.
Según estimaciones del sector, para la primera parte de 2027 se espera la llegada de unas 60 familias ligadas a la industria, cifra que requerirá una respuesta habitacional progresiva en el corto plazo.
«Para el fin de año estamos hablando de que necesitaríamos cerca de 200 viviendas más para alquilar, y no las tenemos, no están y no van a estar», afirmó Turell.
Mercado saturado y limitaciones para la oferta
El diagnóstico de la cámara sectorial indica que las inmobiliarias sanjuaninas cubren actualmente apenas 4 de cada 10 búsquedas de vivienda familiar. La falta de disponibilidad se concentra en casas familiares de estándar medio, mientras que las unidades de mayor valor dentro de barrios privados en Capital, Rivadavia y Santa Lucía ya registran reservas por parte de profesionales provenientes de Buenos Aires y Chile.
Entre los factores que impiden acelerar la oferta de nuevas unidades destacan:
- Elevados costos de construcción: El costo del metro cuadrado nuevo de calidad estándar ronda los $2,2 millones, en un contexto donde el acceso al crédito hipotecario resulta insuficiente para financiar obras a gran escala.
- Irregularidad dominial e infraestructura: Departamentos con desarrollo minero directo como Iglesia y Jáchal presentan terrenos baldíos paralizados por falta de servicios básicos y desorden en los títulos de propiedad.
- Falta de planificación previa: El sector señala que las inversiones en desarrollo urbano no se previeron con dos o tres años de antelación para llegar operativas al inicio del ciclo productivo.
Desde la entidad recomendaron a los propietarios particulares adecuar los inmuebles a los estándares exigidos por las compañías operadoras —asegurando pleno funcionamiento de los servicios— y evitar la especulación con valores fuera de mercado o dolarizados, para no ralentizar la radicación efectiva del personal.
Con información de Zonda.
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