El debate por la adhesión al régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) estuvo plagado de desprolijidades, confusiones, modificaciones y sorpresas en la Cámara Alta de Tucumán. A pesar de que el proyecto fue enviado hace un mes por el Poder Ejecutivo y que el dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto se firmó hace dos semanas, en el debate se introdujeron cambios que -incluso- descolocaron a la oposición.
De hecho, tuvieron que pedir un cuarto intermedio para arribar a un consenso y clarificar la situación. Finalmente, la Legislatura aprobó la adhesión, sumó incentivos locales y eliminó de la iniciativa la derogación de la ley contra la minería metalífera.
El presidente de la comisión, Carlos Gallia, explicó que el programa forma parte de la denominada Ley de Bases (27.742) para aumentar el desarrollo económico y la competitividad con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años.
Señaló que el objetivo de la ley es generar condiciones de previsibilidad necesaria para atraer inversiones superiores a U$S200 millones en proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, minería, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos.
En cuanto a lo referido a lo vinculado a lo minero, hubo cuestionamientos reiterados de que la iniciativa por el RIGI no haya contado con tratamiento en la comisión de Medio Ambiente. Hubo celebración generalizada de los parlamentarios por el sostenimiento de la Ley 7.879, que prohíbe la minería metalífera y el uso de mercurio y de cianuro. Incluso el oficialista Hugo Ledesma opinó que era redundante sumarlo al proyecto en debate.
También hubo voces a favor del desarrollo minero dado que -según argumentaron- la provincia debe traer capitales y hay procesos de muy bajo impacto en cuanto contaminación. Este artículo se aprobó por mayoría, con la abstención de Elías de Pérez, Seleme, Cano y Agustín Romano Norri.
Fuente; La Gaceta
