En el marco de su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Donald Trump ha ratificado un giro estratégico en la política extractiva de Estados Unidos: la aceleración de licencias para la minería en aguas internacionales. La iniciativa, formalizada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), busca consolidar los procesos de permisos en una revisión única y significativamente más corta.
El objetivo central de esta medida es contrarrestar el control casi monopólico que China ejerce sobre los metales críticos necesarios para la fabricación de vehículos eléctricos y electrónica avanzada.
Los «nódulos polimetálicos»: El tesoro del fondo marino
La industria pone sus ojos en vastas zonas del Océano Pacífico donde abundan los nódulos polimetálicos, pequeñas rocas con forma de papa ricas en níquel, cobre y cobalto. Estos recursos se encuentran a profundidades extremas, fuera de las jurisdicciones nacionales, lo que plantea un complejo escenario legal.
El vacío legal y la soberanía estadounidense
La medida de Trump genera controversia internacional debido a que Estados Unidos no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Mientras la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) lleva años debatiendo normas globales sin llegar a un consenso, Washington ha decidido avanzar bajo su propia legislación: la Ley de Recursos de Minerales Duros de los Fondos Marinos de 1980.
Puntos clave del decreto:
- Simplificación burocrática: Se unifican los criterios de concesión para reducir los tiempos de espera de las empresas.
- Plataforma Continental Exterior: Se establece un proceso específico para la emisión de permisos en aguas bajo jurisdicción directa de EE. UU. (hasta 200 millas náuticas).
- Precedente corporativo: Empresas como la canadiense The Metals Company ya han iniciado trámites, posicionándose para ser las primeras en operar bajo este nuevo esquema.
Tensiones entre economía y biodiversidad
Los defensores de esta práctica argumentan que la minería submarina es un «mal menor» comparado con las grandes explotaciones terrestres, que enfrentan una creciente resistencia social y causan impactos visibles en comunidades locales.
Sin embargo, el frente científico y ecologista advierte sobre consecuencias catastróficas. Grupos ambientales han denunciado que la remoción de sedimentos, el ruido y la luz en ecosistemas vírgenes podrían provocar una pérdida irreversible de biodiversidad en zonas del océano que aún no han sido plenamente exploradas.
Con este movimiento, Trump no solo desafía los tiempos de la burocracia internacional, sino que coloca al fondo del mar como el nuevo tablero de ajedrez de la guerra comercial y tecnológica con China.
Con información de El Destape.
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