
La compra de módulos habitacionales fabricados en China para el campamento del megaproyecto de cobre Vicuña, ubicado en la provincia de San Juan, reabrió una profunda discusión en el entramado industrial argentino. Las pymes locales y regionales, que se venían preparando para abastecer la demanda de los grandes desarrollos mineros, manifestaron su preocupación ante la falta de prioridad y de herramientas competitivas que hoy ofrece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el compre nacional.
Un consorcio con participación local, pero con producción asiática
El foco del debate se encendió tras conocerse la reciente adjudicación de un contrato clave para una de las fases del campamento de Vicuña —operado por la compañía BHP—, el cual contempla unas 2.000 camas e infraestructura complementaria. La obra quedó en manos de un consorcio integrado por la corporación asiática PowerChina y la firma santafesina RAFA S.A..
Sin embargo, el esquema logístico elegido generó malestar: los módulos habitacionales serán fabricados en su totalidad en China, mientras que la empresa santafesina se limitará exclusivamente a las tareas de montaje en el territorio sanjuanino.
«Esa noticia puso en alerta a todos los fabricantes de módulos que estaban esperando formar parte de las licitaciones. El entramado productivo de Santa Fe está a la expectativa de que esos proyectos puedan generar movimiento», advirtió Lucas Torressetti, miembro de la Mesa Provincial de Minería, Petróleo y Gas de Fecoi (Federación Gremial del Comercio e Industria) y de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Las pymes frente al RIGI: en busca de igualdad de condiciones
Para los referentes fabriles, la importación de infraestructura no constituye un hecho aislado, sino una tendencia que ya se replicó en otros proyectos energéticos del país. Si bien desde Fecoi reconocen que el RIGI es la «condición necesaria» para garantizar la seguridad jurídica que atrae a los capitales internacionales, señalan que el esquema actual carece de una estrategia que obligue o incentive la integración de las cadenas de valor locales.
La industria nacional denuncia que enfrenta asimetrías estructurales frente a los competidores externos, destacando los siguientes puntos críticos:
- Falta de financiamiento: No existen líneas de crédito específicas para la producción industrial a gran escala, ni instrumentos financieros diseñados para el tipo de construcciones modulares especiales que demanda la geografía minera.
- Costos logísticos: Se requiere con urgencia una política de Estado que simplifique la logística interna y mejore la infraestructura de transporte, vialidad y conectividad con las zonas inhóspitas.
- Infraestructura portuaria: Las pymes santafesinas señalan la necesidad de adecuar y realizar dragados específicos en los puertos fluviales para responder a las exigencias operativas del sector minero.
El desafío: exportar mineral o exportar valor agregado
La crítica del sector no apunta a la empresa RAFA S.A., cuyas particularidades contractuales y técnicas se encuadran en las reglas de juego vigentes, sino a la falta de un marco regulatorio que proteja el empleo local. Al tratarse de obras complejas en alta montaña, las pymes afirman contar con la capacidad técnica para reconvertirse, pero reclaman que se les fijen «reglas claras» y un mayor acompañamiento institucional.
«Generamos un escenario para esos proyectos, estaría bueno generar un escenario para el entramado productivo pyme», sintetizó Torressetti, concluyendo que el verdadero éxito de la minería no radicará únicamente en la cantidad de mineral que se despache al exterior, sino en cuánta cadena de valor y empleo genuino logre retener el país.
Con información de El Ciudadano.





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