La provincia de Santa Cruz ha dado un giro drástico en su política laboral extractiva. Mediante la reglamentación de la Ley Provincial N° 3.141, el Gobierno santacruceño oficializó el «Modelo 90/10», que obliga a las empresas mineras, petroleras y pesqueras a que el 90% de su nómina esté compuesta por trabajadores con residencia mínima de seis años en la provincia.
La medida eleva el piso anterior del 70% y surge tras operativos de fiscalización realizados en 2025, donde se detectaron más de 1.100 trabajadores foráneos sin residencia comprobada en los yacimientos. Ahora, las empresas tendrán 60 días para adecuarse y deberán cargar sus datos mensualmente en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL).
Proveedores: «Barrera contra el vaciamiento»
Desde la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), el respaldo fue absoluto. Su presidente, Amadeo Gravino, fue contundente al señalar que la minería ha operado históricamente bajo un esquema de «baja densidad territorial», donde trabajadores y proveedores «siguen la actividad, pero no el territorio».
«Cuando aparecen mejores condiciones en otra provincia, simplemente se trasladan. La ley 90/10 no es un capricho, es una barrera contra el vaciamiento de capacidades ante el surgimiento de nuevos polos mineros en el país», afirmó Gravino.
Para las Pymes locales, esta ley garantiza un mercado que les permitirá invertir en tecnología y capacitación con la certeza de que la renta minera circulará dentro de Santa Cruz.
Las operadoras advierten: «Riesgos de seguridad y productividad»
En la vereda opuesta, la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) encendió las alarmas. Si bien comparten el objetivo de emplear a santacruceños, advierten que el 90% en la totalidad de la nómina es «de difícil cumplimiento» debido a brechas estructurales en la educación técnica.
Los puntos críticos señalados por las mineras:
- Falta de perfiles: Un operario de planta requiere entre 2 y 3 años de entrenamiento. Actualmente, el 20% de las vacantes técnicas en la provincia no se cubren localmente por falta de especialistas.
- Deserción escolar: Con un 45% de deserción en nivel medio, el sector teme que imponer un cupo legal sin capital humano formado genere riesgos operativos y de seguridad.
- Competitividad: Advierten que reglas rígidas podrían desalentar inversiones de entre u$s3.000 y u$s4.000 millones que requieren los proyectos de gran escala, derivando el capital hacia provincias con marcos más flexibles.
Excepciones y sanciones
La ley contempla excepciones para cargos altamente especializados que no se encuentren en la zona, pero las empresas estarán obligadas a presentar un Plan de Capacitación y Sustitución Progresiva. El objetivo final del Ministerio de Trabajo es que, con el tiempo, incluso esos puestos técnicos sean ocupados por profesionales santacruceños.
Santa Cruz, que lidera las exportaciones de oro y plata en Argentina, enfrenta ahora el desafío de equilibrar la justicia social para sus habitantes con la necesidad de mantener un clima de negocios atractivo para las grandes inversiones internacionales.
Con información de Ámbito Financiero.
Comments (1)
Raul Alberto Calizayasays:
30 de enero de 2026 at 12:47 AMBusco empleo en minas