En un cierre de año legislativo marcado por la celeridad y la controversia, Catamarca ha sellado un compromiso financiero que ha encendido alarmas económicas y políticas: los recursos no renovables de su suelo financiarán la construcción de la Ciudad Universitaria de la UNT, un proyecto que data de 1948 y que hoy se proyecta con dimensiones monumentales.
El acuerdo conciliatorio entre Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y la casa de estudios tucumana pone fin a un largo litigio judicial, pero abre un debate sobre la equidad federal. Según lo aprobado el pasado 23 de diciembre de 2025, la UNT volverá a percibir el 40% de las utilidades de la explotación minera (revirtiendo el 20% que aceptó en 2008) hasta completar una estimación de 135.000 metros cuadrados de construcción.
Las cifras de la discordia
El contraste presupuestario es, para muchos analistas, «irracional». Mientras que el Plan de Obras Públicas de Catamarca para 2026 prevé una inversión de $351.317 millones distribuida en 211 obras en toda la provincia, la estimación para el campus tucumano asciende a aproximadamente $405.000 millones (calculado a valores de construcción de mercado).
Esto significa que un solo proyecto educativo en la provincia vecina costará un 15% más que toda la infraestructura planificada por el gobierno de Raúl Jalil para el presente año.
Un proyecto que debe «empezar de cero»
La UNT argumentó ante la Justicia y la Provincia que la Ciudad Universitaria original, proyectada en la Sierra de San Javier bajo el gobierno de Perón, es inviable hoy por tres razones:
- Protección Ambiental: Las tierras originales son ahora zona protegida de bosques nativos.
- Obsolescencia: El diseño de hace 67 años no responde a las necesidades tecnológicas de 2026.
- Extravío de Planos: La institución alegó que los registros originales desaparecieron de toda dependencia estatal.
Ante esto, el nuevo acuerdo no establece un plazo de finalización, lo que convierte a la obra en un «barril sin fondo» financiado por la renta minera de yacimientos como Farallón Negro y, a partir de 2028, por el gigante Bajo La Alumbrera, que reiniciará su producción.
Críticas por la «claudicación» de fondos
La oposición en la Legislatura catamarqueña calificó el pacto como una «claudicación de derechos». Diputados como Francisco Monti y Fernando Baigorri señalaron que, con este esquema, la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) queda relegada, ya que solo recibirá fondos del sistema nacional una vez que la UNT haya «satisfecho» su megaproyecto de 135.000 m².
«Estamos pagando la quinta ciudad universitaria a Tucumán con recursos que deberían quedar en infraestructura para los catamarqueños», cuestionaron desde el bloque de LLA.
Control y Auditoría
Para mitigar las críticas por la transparencia, el acuerdo incluye una «cláusula de indemnidad» que protege a los directivos de YMAD de futuros reclamos y establece que la UNT constituirá un fondo de garantía del 8% de sus utilidades para responder ante terceros. La auditoría de los fondos quedará supeditada a los organismos de control del Estado nacional, dado el carácter autárquico de las universidades.
Con la reactivación de Bajo La Alumbrera en el horizonte cercano, la magnitud de las utilidades en juego promete mantener esta disputa en el centro de la escena política del Noroeste Argentino durante todo el 2026.
Con información de Multiplataforma Fénix.
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