
En un contexto de fuerte expansión de la cartera de proyectos metalíferos y de litio en el país, ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley orientado a institucionalizar la transparencia y el acceso público a los datos operativos, económicos y ambientales de la actividad extractiva. La iniciativa, presentada por la diputada nacional por Catamarca Fernanda Ávila —exsecretaria de Minería de la Nación y actual presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara baja—, propone otorgar rango de ley al Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM), plataforma creada originalmente por resolución administrativa en 2022 y reconocida internacionalmente en 2023 por la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
El proyecto, que fue girado para su tratamiento a las comisiones de Minería y de Presupuesto y Hacienda, busca garantizar que la ciudadanía cuente con una herramienta única, permanente y estandarizada —independiente de los cambios de gestión política— que centralice información actualmente dispersa entre organismos nacionales (como INDEC, ARCA y SEGEMAR) y las autoridades mineras provinciales.
Alcance de la información pública y actualización obligatoria
La normativa plantea que la Secretaría de Minería de la Nación actúe como autoridad de aplicación, exigiendo la publicación abierta y sistematizada de seis ejes clave sobre cada emprendimiento en desarrollo u operación:
- Inversiones y regímenes de promoción: Identificación de proyectos, ubicación geográfica y empresas alcanzadas por la Ley de Inversiones Mineras y el RIGI.
- Empleo y brecha de género: Cantidad de puestos de trabajo generados, distribución jurisdiccional y participación desagregada de mujeres y hombres.
- Uso de recursos naturales: Registros periódicos sobre el consumo de agua y energía en cada operación.
- Impacto ambiental: Informes de impacto ambiental, estudios de línea de base y planes de mitigación vigentes.
- Actividad económica y proveedores: Volúmenes de exportación, aportes tributarios y compras de bienes y servicios a proveedores nacionales y provinciales.
- Seguridad laboral: Estadísticas oficiales sobre accidentabilidad y mortalidad vinculadas a la actividad.
El texto establece que los datos deberán actualizarse al menos cada 30 días hábiles, tipificando como falta grave para los funcionarios responsables el incumplimiento de las obligaciones de publicación.
Relevancia estratégica para Mendoza y el seguimiento de proveedores
El debate parlamentario cobra particular trascendencia en provincias como Mendoza, que atraviesa una etapa de reactivación minera impulsada por proyectos cupríferos como PSJ Cobre Mendocino (en Las Heras, con Declaración de Impacto Ambiental aprobada y una inversión estimada de US$ 600 millones) y las campañas de exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental y Mendoza Norte.
| Aspecto del Proyecto de Ley (SIACAM) | Disposición Operativa e Institucional | Implicancia en el Control y la Cadena de Valor |
| Rango Normativo y Autoridad | Conversión del SIACAM en Ley Nacional (Secretaría de Minería de la Nación). | Blindaje institucional frente a cambios de gobierno y unificación de criterios entre provincias. |
| Frecuencia y Sanciones | Actualización obligatoria cada 30 días hábiles. | El incumplimiento constituye una falta grave para los funcionarios responsables. |
| Monitoreo Ambiental e Hídrico | Publicación de consumos de agua, energía y estudios de impacto. | Facilita el control ciudadano y técnico sobre recursos sensibles (ej. cuencas de Mendoza y la Puna). |
| Contratación de Proveedores | Reporte global de compras de bienes y servicios locales y nacionales. | Permite medir el compre nacional, aunque no obliga a detallar contratos individuales ni adjudicatarios. |
Si bien la iniciativa nacional complementaría herramientas locales como el Registro de Proyectos Mineros creado en Mendoza en noviembre de 2025, desde el análisis sectorial advierten que el alcance real para fiscalizar la integración de pymes locales dependerá de la reglamentación del nivel de detalle exigido, ya que el proyecto no obliga expresamente a publicar cada contrato individual ni los montos adjudicados por proveedor.
Con información de Sitio Andino.


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