La minería ha consolidado su centralidad en la agenda económica, social y política de Salta, al punto de haber ganado un espacio de debate exclusivo en la Legislatura provincial. Tras cumplir sus primeros seis meses al frente de la recientemente conformada Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, su presidenta, Griselda Galleguillos, analizó los desafíos que enfrenta la provincia para que el vertiginoso ritmo de la actividad minera se traduzca de forma real en la vida de los salteños.
La diputada por el departamento de Rosario de Lerma —un punto geográfico clave para la logística minera que conecta con la Puna a través de la Ruta Nacional 51— advirtió sobre la necesidad de equilibrar la seguridad jurídica para las empresas con la defensa del empleo local, la transparencia y el desarrollo de infraestructura.
El cumplimiento de la Ley de Promoción Minera bajo la lupa
Durante su participación en el programa Territorio Minero, Galleguillos destacó que el escenario del sector ha cambiado de manera drástica desde la sanción de la Ley de Promoción Minera en 2019.
Para la legisladora, la normativa nació con el objetivo principal de atraer capitales extranjeros y lograr la instalación de los proyectos, una meta que «ya se cumplió con creces». Por ello, presentó un proyecto legislativo para exigir el cumplimiento integral de la ley, orientando el foco hacia la etapa actual del desarrollo minero:
- Mano de obra salteña: Garantizar la incorporación efectiva de trabajadores de la provincia en las planillas de las empresas operadoras.
- Proveedores locales: Asegurar que las pequeñas y medianas empresas salteñas tengan una inserción real en la millonaria cadena de valor y abastecimiento de la Puna.
«No tendría ningún sentido promover e incentivar las inversiones mineras en Salta y que esto no se vuelque en un beneficio que se vea de manera concreta en mejoras que acompañen el desarrollo de la provincia, desde rutas hasta escuelas», advirtió Galleguillos.
La diputada aclaró que cualquier modificación o debate sobre las reglas de juego debe realizarse con responsabilidad y de forma consensuada con todos los actores, garantizando la previsibilidad que las compañías necesitan para sostener sus inversiones a largo plazo.
«Sin control, no hay transparencia»
Al abordar las demandas sociales y ambientales, Galleguillos fue categórica al señalar que el monitoreo estatal es la base para sostener la licencia social de la actividad: “Yo creo que si no hay control, no hay transparencia, y no se va a poder avanzar con una minería que sea sana, responsable y sustentable”.
En ese sentido, la legisladora diferenció el trabajo administrativo del contacto directo en las zonas de operaciones. Abogó por «ir a territorio» para dialogar cara a cara con las comunidades de la Puna —muchas de ellas postergadas históricamente— y con las propias empresas mineras, destacando positivamente la apertura de oficinas territoriales e iniciativas itinerantes del Estado como puentes de información y cercanía.
Asimismo, sumó como materia pendiente la capacitación y formación de recursos humanos en Salta para achicar la brecha de especialización técnica que demanda la industria hoy en día.
El turismo minero como nueva propuesta legislativa
Con miras al segundo semestre del año, Galleguillos anticipó que desde la Cámara de Diputados se está impulsando un innovador proyecto de ley para promover el turismo minero en Salta. El objetivo es diversificar los ingresos y generar nuevas oportunidades de empleo no solo en las comunidades donde operan los yacimientos, sino también en las localidades aledañas.
La presidenta de la comisión —donde actualmente es la única mujer de un cuerpo de siete legisladores— concluyó con un llamado a superar las diferencias partidarias para traccionar en favor de los intereses provinciales: «Acá el objetivo es que Salta crezca por medio de un área que hoy está representando el boom de la productividad. Si hacemos las cosas de manera prolija y transparente, vamos a poder llevar adelante a la provincia».
Con información de InformateSalta.
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