
El Gobierno del presidente Donald Trump concretó este jueves la primera subasta comercial para la minería en aguas profundas en aguas federales de Estados Unidos, adjudicando dos concesiones frente a Samoa Americana por un total de US$ 6 millones. La licitación, ejecutada en Thousand Oaks (California) por la Administración de Recursos Minerales Marinos (dependiente del Departamento del Interior), otorgó alrededor de 12,7 millones de hectáreas a la firma Wetstone U.S. Ventures con el objetivo estratégico de asegurar minerales del lecho oceánico y disputar el dominio global de China sobre estos recursos.
El procedimiento avanzó en cumplimiento de una directiva presidencial emitida el año pasado, aun cuando enfrenta un frente judicial abierto en Hawái y un fuerte rechazo de comunidades isleñas y organizaciones ambientalistas.
Ficha técnica de la adjudicación y alcance operativo
| Parámetro de la Licitación | Detalle y Condiciones Adjudicadas |
| Organismo Convocante | Administración de Recursos Minerales Marinos (Departamento del Interior de EE.UU.) |
| Ubicación / Jurisdicción | Aguas federales del océano Pacífico frente a Samoa Americana (subasta realizada en Thousand Oaks, California) |
| Superficie Adjudicada | ~12,7 millones de hectáreas distribuidas en dos áreas comerciales |
| Adjudicatario y Monto | Wetstone U.S. Ventures por un total de US$ 6 millones |
| Plazo y Alcance Operativo | Vigencia de 20 años; habilita tareas preliminares como mapeo del lecho marino y estudios ambientales |
Frente judicial en Hawái y resistencia comunitaria en el Pacífico
La subasta se realizó apenas días después de que la jueza federal de distrito en Hawái, Jill A. Otake —designada por el propio Trump—, fallara el lunes pasado a favor de una demanda presentada en agosto por la organización Earthjustice. En su dictamen, la magistrada determinó que el Servicio Nacional de Pesca incumplió la Ley de Especies en Peligro de Extinción al evaluar únicamente los impactos preliminares de la actividad sin analizar las consecuencias posteriores a la concesión, advirtiendo que el Ejecutivo «ni siquiera intentó considerar» los daños potenciales sobre la fauna protegida.
- Especies bajo advertencia judicial: Los demandantes señalaron riesgos directos para ballenas azul, de aleta, sei y cachalote, además de cinco poblaciones de tortugas marinas y cinco especies de coral amenazadas. Se prevé que Earthjustice solicite ahora a la corte dejar sin efecto la adjudicación.
- Rechazo social e institucional: Durante la subasta se movilizaron activistas de Greenpeace EE.UU. y miembros de comunidades del Pacífico. Desde Samoa Americana, Sabrina Suluai-Mahuka —fundadora de la organización ambiental y juvenil Finafinau— cuestionó que se ignoraran más de 76.000 comentarios públicos en contra, pedidos de consulta previa y la sentencia federal vigente, subrayando que el océano constituye «nuestro hogar, nuestro sustento, nuestra identidad y nuestra responsabilidad protegerlo».
Con información de Clarín.


Deja una respuesta