En una decisión sin precedentes por su alcance y severidad, el Gobierno de Ecuador anunció la suspensión total de toda actividad minera en la provincia amazónica de Napo, así como el cese de operaciones en las plantas de beneficio de las provincias de El Oro y Loja. La medida responde a una crisis de contaminación hídrica que pone en riesgo la salud de las comunidades y la biodiversidad de ecosistemas sensibles.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó que los monitoreos técnicos revelaron un panorama alarmante: la presencia de cobre, plomo, arsénico, cadmio y cianuro en niveles que superan ampliamente los límites permitidos. Los químicos han sido detectados en los ríos Calera y Amarillo (cuenca Puyango-Tumbes) y en la cuenca del río Napo, principal arteria de la Amazonía ecuatoriana.
Una suspensión con horizonte incierto
A diferencia de otras clausuras temporales, el Gobierno ha dejado claro que la restauración de los daños no será inmediata. En el caso de Napo, la ministra Manzano advirtió que la suspensión se mantendrá hasta que se regularicen los contratos de operación y se logre la reparación integral del río. “Con esto quiero decir que van a ser muchos años, indefinidamente”, sentenció la funcionaria.
Estrategia de intervención:
- Frenar la minería ilegal: Interceptación de actividades clandestinas que operan sin ningún tipo de control ambiental.
- Control de plantas de beneficio: Suspensión preventiva de plantas en el sur del país por irregularidades detectadas en sus descargas de desechos.
- Fuerza pública en territorio: Las inspecciones y decomisos de maquinaria contarán con el respaldo de las fuerzas de seguridad para garantizar la salida de los mineros irregulares.
“La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos y la vida de las comunidades. No vamos a permitir que actividades clandestinas sigan destruyendo el patrimonio natural”, afirmó Manzano.
Impacto en la región fronteriza
La situación en El Oro y Loja es particularmente delicada, ya que la contaminación afecta a la cuenca transfronteriza Puyango-Tumbes, lo que eleva el problema a un nivel de tensión diplomática con Perú por el uso compartido de aguas compartidas.
El Ministerio de Ambiente ha iniciado de inmediato procedimientos sancionatorios y monitoreos de calidad de agua en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero. El objetivo final es recuperar el acceso al agua limpia para miles de ciudadanos que dependen de estos caudales para su subsistencia diaria.
Con información de Página 12.
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