En una sesión que marca un antes y un después para la industria extractiva y la preservación ambiental en Argentina, el Senado de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. El cambio normativo, que obtuvo 40 votos a favor y 31 en contra, redefine los criterios de protección y otorga a los gobernadores la facultad de autorizar proyectos mineros y energéticos en áreas anteriormente prohibidas.
El eje de la reforma apunta a las zonas «periglaciares». Hasta hoy, estas áreas funcionaban como un «escudo» protector alrededor de los hielos eternos, impidiendo cualquier actividad industrial. Con la nueva ley, estas zonas podrán ser habilitadas para la explotación siempre que se presente una evaluación de impacto ambiental y se demuestre que el área no cumple una «función hídrica relevante».
Federalización de los recursos y el impulso del RIGI
La medida responde a un pedido directo de los gobernadores de Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza, quienes sostienen que la legislación anterior era «excesivamente restrictiva» y frenaba el desarrollo económico.
El objetivo político es claro: facilitar el desembarco de capitales a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según el oficialismo, el inventario actual de glaciares está desactualizado, y esta ley permitirá que estudios técnicos modernos determinen científicamente qué áreas aportan agua a las cuencas y cuáles pueden ser aprovechadas para la minería de litio, cobre y oro.
Puntos clave de la reforma:
- Facultad Provincial: Las provincias decidirán qué zonas proteger, reduciendo la intervención del Gobierno Nacional.
- Fin de la prohibición automática: Se eliminan las restricciones genéricas en áreas cercanas a los glaciares.
- Criterio Técnico: Si no se demuestra que la zona es vital para el sistema hídrico, quedará habilitada para la industria.
Conflicto y protestas en Diputados
Mientras el proyecto se encamina a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, la tensión social escala. Este miércoles y jueves comenzarán las audiencias públicas, pero la polémica estalló tras conocerse que el oficialismo solo permitirá exponer a 200 de los 100 mil inscriptos.
Bajo el lema “hacer fila hasta que nos dejen hablar”, organizaciones ambientales, pueblos originarios y sectores de la oposición convocaron a una movilización frente al Congreso. Los manifestantes denuncian que limitar la participación ciudadana es una estrategia para avanzar con una reforma que pone en riesgo las reservas de agua dulce del país en un contexto de crisis climática global.
Con información de El Intransigente.
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