La minería era presentada como una de las grandes apuestas económicas de la nueva Argentina de Javier Milei.
Con litio, cobre, oro y algunos de los recursos naturales más demandados del planeta, el Gobierno aseguró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) iba a destrabar una ola histórica de capitales extranjeros.
Sin embargo, la realidad empieza a mostrar una contradicción incómoda:
a pesar del avance de proyectos mineros y de los beneficios extraordinarios otorgados al sector, Argentina terminó 2025 con la menor Inversión Extranjera Directa (IED) entre las principales economías de América Latina, según estadísticas difundidas en base a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El dato golpea directamente el corazón del relato oficial.
Porque si hay un sector que debía explotar con este modelo era justamente la minería.
Argentina hoy ofrece:
- estabilidad fiscal por décadas,
- libre disponibilidad de divisas,
- beneficios impositivos,
- flexibilización laboral,
- ventajas aduaneras,
- seguridad jurídica reforzada,
- y un esquema especialmente diseñado para grandes corporaciones extractivas mediante el RIGI.
En otras palabras:
el país les dio a las mineras prácticamente todo lo que históricamente reclamaban.
Y aun así, la lluvia de inversiones prometida todavía no aparece en la magnitud esperada.
Sí, existen anuncios.
Sí, hay exploración.
Sí, avanzan proyectos de litio y cobre en provincias como Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan.
Pero una cosa es el potencial minero.
Y otra muy distinta es el ingreso masivo de inversión extranjera directa que el Gobierno prometía como consecuencia automática del modelo libertario.
Entonces aparece la pregunta incómoda:
Si Argentina tiene recursos estratégicos, flexibilización laboral, desregulación y uno de los regímenes más favorables del continente para las grandes mineras…
¿por qué sigue última en inversión extranjera directa?
Tal vez porque el problema ya no sea solamente regulatorio.
Tal vez el problema sea la confianza.
Porque los grandes proyectos mineros no se planifican a seis meses.
Se proyectan a 20 o 30 años.
Y ninguna empresa invierte miles de millones únicamente porque le bajen impuestos.
También necesita:
- estabilidad macroeconómica,
- previsibilidad política,
- infraestructura,
- licencia social,
- gobernabilidad,
- y sustentabilidad económica de largo plazo.
Y ahí empiezan las dudas.
Porque mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria, cada vez más economistas advierten sobre otro fenómeno:
Argentina volvió a estar cara en dólares.
Hoy producir, construir y operar en el país cuesta mucho más en dólares que hace apenas un año. Y gran parte de ese esquema se sostiene manteniendo relativamente atrasado el tipo de cambio mientras los precios internos continúan subiendo.
En otras palabras:
el dólar funciona como ancla antiinflacionaria.
Pero sostener ese modelo requiere un ingreso constante de divisas.
¿Y de dónde vienen esos dólares?
Ahí aparece otro punto sensible:
muchos de los ingresos recientes no llegaron vía inversión productiva genuina, sino vía deuda, préstamos internacionales, blanqueo y capital financiero de corto plazo.
Entonces la pregunta empieza a cambiar.
Ya no es solamente:
“¿por qué no llegan inversiones?”
La pregunta pasa a ser:
“¿el mercado realmente cree en la sustentabilidad del modelo?”
Porque una minera puede tolerar impuestos altos.
Lo que no tolera es la incertidumbre extrema.
Y hoy muchos inversores observan:
- atraso cambiario,
- caída de actividad,
- tensión política permanente,
- conflictividad social futura,
- dependencia del endeudamiento,
- y una economía que todavía necesita dólares financieros para sostener estabilidad.
Por eso el dato de la OCDE golpea tanto.
Porque desnuda una contradicción central:
Argentina tiene algunos de los recursos mineros más codiciados del planeta, flexibilización laboral y uno de los regímenes más favorables para el capital extranjero…
pero aun así no logra convertirse en un polo masivo de inversión extranjera directa.
Entonces quizás haya que empezar a hacerse una pregunta incómoda.
Antes era el cepo.
Después la presión impositiva.
Luego apareció el RIGI.
Ahora incluso se habla de un “Súper RIGI”.
¿Y si el problema ya no fuera la regulación…
sino la desconfianza sobre la sustentabilidad del propio modelo económico?
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