En línea con la estrategia oficial de diversificar la matriz de divisas y potenciar el sector extractivo, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) analiza propuestas de corporaciones de Canadá y los Estados Unidos para reactivar y desarrollar yacimientos de uranio en el país. El objetivo principal es incorporar estos proyectos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), transformando un recurso históricamente reservado para el consumo interno en una nueva plataforma de exportación capaz de generar unos u$s 500 millones anuales.
El rediseño del plan nuclear y minero de la administración nacional está bajo la conducción del secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, bajo la órbita del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. Para concretar el desembarco de los capitales privados, la CNEA busca estructurar licitaciones sobre los principales activos bajo su titularidad, concentrándose de manera prioritaria en Cerro Solo (Chubut) y Sierra Pintada (Mendoza).
El mapa de los yacimientos estatales en disputa
La Argentina cuenta actualmente con 35.000 toneladas de uranio verificables y recuperables, a las que se suman estimaciones de entre 100.000 y 200.000 toneladas de reservas aún sin identificar formalmente. Con estas cifras, el país se ubica por debajo de las grandes potencias uraníferas globales —como Australia, Kazajistán o Canadá—, pero mantiene un potencial de subsuelo altamente atractivo para los inversores.
El plan oficial contempla la reactivación de los yacimientos administrados por la CNEA:
- Sierra Pintada (Mendoza): Con recursos probados por 10.000 toneladas, es considerado el mayor yacimiento de uranio del país. Explotado entre 1975 y 1997, su reactivación total y explotación requiere una inversión inicial estimada en u$s 500 millones, monto que incluye de manera obligatoria las tareas de remediación ambiental de los pasivos históricos.
- Cerro Solo (Chubut): Alberga unas 8.000 toneladas identificadas del mineral. Para este proyecto se calcula un desembolso inicial de u$s 15 millones con el fin de completar la etapa técnica de prefactibilidad económica.
- Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut): Dos yacimientos de menor escala que la CNEA evalúa sumar a futuros procesos licitatorios.
Alianzas políticas y licencias sociales: los desafíos provinciales
Para avanzar con la explotación, el Gobierno nacional coordina agendas políticas y regulatorias con los mandatarios provinciales con el fin de obtener la licencia social en las comunidades:
En Mendoza, la administración nacional trabaja junto al gobernador Alfredo Cornejo. El primer paso ineludible es asegurar la remediación ambiental del predio clausurado en 1997. Asimismo, el sector evalúa alternativas técnicas debido a la vigencia de la Ley Provincial 7722, que prohíbe el uso de ácido sulfúrico —el método tradicional de pilas de lixiviación a cielo abierto empleado en el pasado en el Complejo Minero Fabril San Rafael—. La aplicación de técnicas alternativas debiera compatibilizarse con los costos operativos para no comprometer la rentabilidad.
En Chubut, las gestiones se concentran con el gobernador Ignacio Torres para lograr el consenso que permita reglamentar el artículo 2 de la Ley Provincial 5001. Si bien esta norma prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro, su segundo artículo faculta al Consejo Provincial del Ambiente (Copram) a determinar zonas de excepción para la explotación de recursos. El argumento de los defensores del proyecto se apoya en el fuerte incremento de la demanda global: se prevé que la demanda mundial de uranio se duplicará hacia el año 2040.
Proyectos privados avanzados y marco legal
El impulso del «RIGI atómico» convive con concesiones que ya se encuentran en manos privadas. El proyecto más avanzado y de mayor escala del país es Ivana, ubicado en la localidad rionegrina de Valcheta. Controlado por Eduardo Eurnekian (en alianza entre la canadiense Blue Sky Uranium y Corporación América), es un yacimiento superficial de uranio y vanadio de bajos costos de extracción que podría estar operativo en menos de cinco años. A este se suman en Chubut los proyectos de Laguna Salada (controlado por Jaguar Uranium Corp.) y Meseta Central (en manos de Ur-América Ltd.).
La aceleración de este esquema exportador planteará a futuro un debate sobre el marco regulatorio vigente. La actual Ley 19.919 estipula que la producción nacional de uranio debe priorizar el abastecimiento interno (unas 220 toneladas anuales) para actuar como combustible de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Paradójicamente, ante la parálisis de la extracción local, el Estado argentino importa actualmente el mineral desde Kazajistán para mantener operativas sus centrales energéticas.
Con información de Letra P.
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