La provincia de Mendoza se encuentra en un momento crucial en la gestión y planificación del uso del agua, un recurso fundamental para generar riqueza. El Gobierno provincial envió a la Legislatura el plan hídrico realizado con la empresa Mekorot, mientras que la ley que otorga potestad total al Departamento General de Irrigación (DGI) está en vigencia.
Sin embargo, la tensión política y social aumenta debido a la disputa por el control del agua. Las inspecciones de cauce y sus asociaciones, que tienen el manejo del agua una vez que el DGI la entrega, se oponen a la política de presión del Gobierno provincial y demandan ser parte del control y la fiscalización de la minería y las inversiones en obras hídricas.
El Río Mendoza, que abastece a casi todo el oasis norte de la provincia, es el epicentro de la disputa. Las Asociaciones de Inspectores de Cauce denuncian que el DGI está disciplinando a las inspecciones y asociaciones mediante intervenciones selectivas, lo que pone en riesgo la administración hídrica en la provincia.
A futuro, la escasez de agua será más aguda, con un déficit proyectado de 548 hectómetros cúbicos para 2030 en el Río Mendoza. La reestructuración de la gestión del agua es clave para abordar este desafío y garantizar la sostenibilidad del oasis norte.
Con información de MDZ.
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