El avance sin freno de la actividad minera en Mendoza viene acompañado de una fuerte polémica y del malestar de diversos sectores que denuncian cómo el actual sistema de regalías mineras desprotege los recursos naturales de la provincia a cambio de ingresos insuficientes. La ley aprobada por la Legislatura a fines de 2025, lejos de garantizar un beneficio real, blindó un esquema de recaudación que muchos consideran un verdadero remate.
La normativa mendocina actual establece una alícuota mínima de apenas el 3%, y aunque adorna el discurso con un supuesto «esquema progresivo», el techo máximo que pueden pagar las empresas que explotan, industrialicen o comercialicen los minerales locales está topado en un vergonzoso 5%. Una cifra insignificante en comparación con las millonarias ganancias netas que las corporaciones mineras extraen del suelo mendocino.
Centralismo y desamparo: ¿A dónde va realmente el dinero?
El reparto de lo recaudado deja al descubierto un sistema profundamente centralista que desatiende a las comunidades que sufren el impacto directo de la actividad en sus territorios. La distribución de los fondos se divide de la siguiente manera:
- El 88% se lo queda la Provincia: La gran mayoría del dinero ingresa directamente a Rentas Generales, una «caja negra» estatal donde los recursos mineros corren el riesgo de licuarse en gasto público corriente. Aunque una porción debería ir al Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental, la falta de transparencia en la ejecución de obras e infraestructura en el interior provincial sigue siendo el principal reclamo.
- Solo el 12% para los Municipios: En un reparto totalmente desigual, las comunas productoras —las que ponen el cuerpo, sufren el impacto ambiental y deben lidiar con el desgaste de la infraestructura local— reciben apenas una porción marginal de las ganancias.
La complicidad ante el debate nacional
Mientras Mendoza mantiene este cuestionado techo del 5%, a nivel nacional ya avanza una propuesta para modificar la Ley de Inversiones Mineras que deja en evidencia el atraso y la sumisión fiscal de la provincia.
El proyecto federal impulsa un esquema progresivo y móvil con un techo que escala hasta el 16% en función de la rentabilidad de las empresas.
Con el modelo actual de Mendoza, la provincia se priva de recaudar hasta tres veces más en épocas de vacas gordas y altos precios internacionales, regalando la renta minera a las multinacionales en lugar de exigir que dejen una compensación justa.
Los críticos señalan que la pasividad de Mendoza ante estos cambios busca mantener un esquema «amigable» para los grandes capitales, asegurando su rentabilidad a costa del vaciado de los recursos provinciales, la precarización del empleo local y el ahogo financiero de los municipios que quedan atados a las migajas que el poder central decide coparticipar.
Con información de Diario Mendoza.
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