El Poder Ejecutivo provincial dio un paso decisivo para el futuro de la actividad productiva local. Con la firma del gobernador Marcelo Orrego, ingresó formalmente a la Legislatura el proyecto de la Ley de Desarrollo Local Minero, conocida popularmente como la «ley de proveedores».
La iniciativa, que consta de 32 artículos, busca fortalecer de manera sustancial la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en la cadena de valor de los grandes proyectos mineros. El texto llega al recinto legislativo con un fuerte blindaje político y económico, tras haber sido consensuado exhaustivamente entre el Gobierno y las principales cámaras empresarias e industriales de la provincia.
Reglas claras sin imposiciones drásticas
A diferencia de normativas previas en otras jurisdicciones, el espíritu de esta ley no se basa en la imposición de porcentajes obligatorios de contratación de manera directa. En su lugar, el proyecto exige a las grandes compañías mineras la elaboración de planes concretos y progresivos para alcanzar metas de empleo y compras locales, combinando la exigencia con incentivos fiscales y mecanismos de seguimiento.
“El proyecto apunta a consolidar metas de empleo y contratación local, priorizando la transparencia y la previsibilidad para la cadena de valor sanjuanina”, destacaron fuentes oficiales vinculadas a la redacción del documento.
Ejes centrales del proyecto de ley
El articulado incorpora mecanismos de control y fomento que transformarán el vínculo entre las operadoras mineras y la comunidad:
- Metas de empleo y compras: Establecimiento de objetivos claros para la incorporación de mano de obra e insumos de origen sanjuanino.
- Creación del Registro de Proveedores: Un padrón transparente que permitirá certificar a las empresas locales y facilitar su compulsa en las licitaciones de las mineras.
- Incentivos para el cumplimiento: Beneficios fiscales y operativos para aquellas compañías que alcancen o superen las metas de desarrollo local propuestas.
- Mayores mecanismos de control: Herramientas de auditoría para garantizar el seguimiento real de los planes presentados por las operadoras.
Con esta normativa, San Juan busca prepararse para la llegada de las grandes inversiones mineras bajo un marco que garantice que la riqueza generada por el sector derrame de manera directa y sostenible en el entramado social y empresarial de la provincia.
Con información de Tiempo de San Juan.
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