En el Perú operan entre 300.000 y 500.000 mineros informales, pero menos del 1 % ha logrado culminar su proceso de formalización, según datos de ComexPerú (2023). Esa brecha ilustra un desafío histórico: convertir la formalización minera en una política efectiva y sostenida.
Ante ese panorama, el reciente anuncio del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sobre la creación de un fondo minero para pequeños mineros y minería artesanal ha despertado tanto expectativas como dudas. Según explicó el ministro Jorge Montero, el fondo ofrecerá financiamiento a tasas preferenciales, canales de comercialización con precios justos y asistencia técnica especializada (Reuters, 2025). Además, el Gobierno decidió extender la vigencia de los permisos del REINFO hasta fin de año, con el objetivo de sumar más productores al marco formal (Infobae, 2025).
Sin embargo, las cifras del sector invitan al escepticismo. En regiones como Madre de Dios, de más de 40.000 mineros ilegales e informales, apenas 5.000 trabajan formalmente (Mongabay, 2022). En Cusco, más del 90 % de los inscritos en REINFO opera en terrenos de terceros, lo que complica cualquier proceso de formalización (Inforegion, 2023).
El problema, advierten especialistas, no es únicamente técnico o económico, sino también legal, social e institucional. “El fondo podría ser una herramienta valiosa, pero solo si viene acompañado de una estrategia integral que incluya asistencia técnica, acceso a mercados y sostenibilidad ambiental”, señalan desde gremios mineros regionales.
La experiencia internacional muestra caminos posibles. En Colombia, la implementación de guías de formalización con procedimientos claros dio previsibilidad y redujo la burocracia (Responsible Mines, 2017). En Ghana y otros países africanos, los fondos mineros combinaron financiamiento con certificaciones ambientales y acceso a compradores internacionales, lo que fortaleció la competitividad de los pequeños productores (IISD, 2017).
Para que el Perú no repita errores del pasado, los expertos destacan cuatro puntos clave:
- Reglas claras y transparentes para la asignación de recursos, evitando su uso político.
- Asistencia técnica en territorio, que permita mejorar prácticas operativas y ambientales.
- Acceso a mercados formales que valoren la producción responsable.
- Articulación intersectorial, involucrando al MINEM, MINAM, MEF, gobiernos regionales y al sector privado.
La participación de empresas tractoras también se considera esencial, no solo como compradoras responsables, sino como aliadas en transferencia tecnológica y encadenamientos productivos.
“La formalización no debe medirse solo por el número de permisos entregados, sino por su capacidad de transformar la vida de los mineros, recuperar ecosistemas y fortalecer el desarrollo territorial”, remarcan especialistas del sector.
El fondo minero podría representar una oportunidad histórica para que la pequeña minería peruana transite hacia la sostenibilidad. Pero para lograrlo, deberá pasar de ser un anuncio con buenas intenciones a una política pública efectiva, coordinada y con impacto real.
Con información de Infobae.
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