La reforma de la Ley 26.639 (Ley de Glaciares) se ha convertido en uno de los ejes más intensos de las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. En este contexto, el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) emitió un comunicado oficial en el que respalda el proyecto de adecuación, argumentando que la normativa vigente desde 2010 adolece de «imprecisiones conceptuales» que frenan el desarrollo sin garantizar una protección efectiva.
Para los expertos en derecho minero, el debate actual no gira en torno a desproteger el hielo, sino a alinear la ley con el federalismo establecido en la Constitución Nacional. «Dicha precisión no implica la disminución de niveles de protección sino su fortalecimiento», afirma el documento del IADEM.
El fin de la «ambigüedad técnica»
El principal punto de fricción radica en la definición del ambiente periglacial. Según el sector minero, la ley original posee definiciones ambiguas que han derivado en interpretaciones arbitrarias y judicialización de proyectos. La reforma busca centrar la protección en aquellas geoformas que tengan una función hídrica efectiva y relevante.
Esta postura es compartida por los gobernadores de la «Mesa del Cobre» y la «Mesa del Litio» (San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy), quienes sostienen que la falta de claridad erosiona la confianza de los inversores. Al ajustar la norma, se busca evitar la paralización de actividades sostenibles en áreas que no cumplen un rol estratégico como reserva de agua.
Provincias: Dueñas de los recursos
Uno de los pilares del argumento pro-reforma es el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales (Art. 124 de la Constitución). El IADEM sostiene que incorporar la participación provincial robustece el esquema federal:
- Conocimiento territorial: Las autoridades locales poseen el saber técnico específico sobre sus cuencas.
- Complementariedad: La regulación nacional fija presupuestos mínimos, pero las provincias gestionan la aplicación sin discrecionalidad.
- Seguridad Jurídica: Normas claras permiten que las inversiones bajo el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) avancen con previsibilidad.
Visiones encontradas
A pesar de la defensa del sector minero, la controversia persiste. Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y referentes como Enrique Viale tildan la reforma de inconstitucional. Argumentan que restringir la protección solo a geoformas con «rol hídrico relevante» reduce los estándares nacionales y habilita la minería en zonas que hoy están vedadas.
Sin embargo, el IADEM rebate estas críticas asegurando que un derecho ambiental efectivo debe asentarse en preceptos claros. «La protección del ambiente no se debilita con normas claras y consensuadas: se fortalece», concluye el instituto. El desafío legislativo será ahora articular el desarrollo productivo con la preservación del recurso hídrico, garantizando un equilibrio que satisfaga tanto el mandato constitucional como las exigencias ambientales del siglo XXI.
Con información de Más Energía.
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