Santa Cruz, la provincia que lidera las exportaciones mineras del país con US$ 1.569 millones generados en 2025, atraviesa una encrucijada política y laboral. El gobernador Claudio Vidal impulsó una modificación drástica a la denominada «Ley de Empleo Local», elevando el cupo obligatorio de contratación del 70% al 90% y endureciendo los requisitos de residencia.
La medida, conocida como la «Ley 90/10», busca evitar el «vaciamiento de capacidades» hacia otros polos mineros emergentes. Sin embargo, lo que en los papeles parece un blindaje para el trabajador santacruceño, en la práctica despierta serios interrogantes sobre su viabilidad.
El debate del arraigo: ¿Ley o Infraestructura?
Para Amadeo Gravino, presidente de CAPROMISA, la ley es una barrera necesaria. Según el dirigente, históricamente los proveedores y trabajadores han seguido a la actividad y no al territorio. «Cuando aparecen mejores condiciones en otra provincia, simplemente se trasladan», señaló, defendiendo la norma como una herramienta para construir pertenencia.
Sin embargo, especialistas en el sector como Soledad Cáseres sostienen que el problema no es legislativo, sino de calidad de vida.
«Sin servicios de salud de calidad, educación sólida y viviendas accesibles, Santa Cruz seguirá siendo un lugar de paso», argumentó Cáseres, sugiriendo que el Estado no puede exigir un cupo tan alto si no garantiza las condiciones para que una familia se radique.
El límite de la alta especialización
Desde el sector operativo, cámaras como CAMICRUZ y empresas de la talla de Cerro Vanguardia han aportado una dosis de realismo técnico. Si bien en los niveles de operarios el cupo del 90% es alcanzable, el conflicto estalla en los puestos de alta complejidad.
Áreas de difícil cobertura local:
- Ingeniería y Geología especializada.
- Servicios de infraestructura compleja.
- Seguridad minera con alta experiencia.
Agustín Del Castillo, de Cerro Vanguardia, advirtió que la norma es de difícil implementación en posiciones que requieren años de formación específica. Por su parte, el experto en seguridad Armando Arraras fue tajante: «El empleo local no se puede imponer si antes no se construyen las capacidades técnicas necesarias».
Un riesgo para la competitividad
El interrogante que recorre los pasillos de las operadoras es si esta ley terminará «balcanizando» el mercado laboral patagónico. Con el 37% de la minería nacional en sus manos, Santa Cruz teme que la imposición de cupos —sin la oferta profesional correspondiente— termine paralizando proyectos o forzando la contratación de personal sin la experiencia requerida, restando competitividad frente a provincias con legislaciones más flexibles.
El futuro de la minería santacruceña dependerá de encontrar un equilibrio: fomentar el desarrollo de su gente sin asfixiar la operatividad de una industria que es el pulmón económico de la provincia.
Con información de Más Energía.
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