A las pocas horas que se conocieron las modificaciones introducidas a la ley Bases y al paquete fiscal, los asesores legales de las empresas mineras comenzaron a desmenuzar la letra chica de los dictámenes que impulsó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mientras que los gerentes financieros se pusieron a hacer números.
En concreto, los cambios al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones implican dar autonomía provincial para definir si deciden adherirse o no al RIGI; que los proveedores con mercadería importada deban facturar; y que los inversores deben presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local que contratarán.
Según consta en el dictamen de Comisión aprobado por los senadores, se agrega a los objetivos del régimen “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”, que todavía garantiza 30 años de estabilidad fiscal y cambiaria.
Como reveló Ámbito, de ese modo se pretende que, en caso de que una empresa del exterior ponga en marcha un programa de inversiones en Argentina evite importar maquinarias, equipos, bienes si hay oferta local competitiva. Así, se busca dar respuesta a un reclamo de los empresarios locales encabezados por la UIA y otras entidades industriales.
Por caso, las empresas que quieran proponer un proyecto de inversión bajo el nuevo régimen deberán presentar a la autoridad competente un estudio técnico que determine que su actividad “no distorsionará el mercado local”.
Fuente: Ámbito
