Chile y Argentina comparten la cordillera, pero han transitado caminos distintos en la gestión de sus recursos hídricos congelados. Mientras en Argentina el debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Glaciares se encuentra en un «congelador» legislativo por prioridades políticas, Chile ha logrado establecer un equilibrio operativo que permite la coexistencia de la gran minería del cobre con la protección de más de 26.000 glaciares inventariados.
Para especialistas como Felipe Ugalde Peralta, geólogo de la Universidad de Chile, la clave reside en la evolución desde la «intervención directa» hacia el control de los «impactos indirectos». Lo que hace décadas era atravesar capas de hielo para acceder al mineral, hoy es un estudio minucioso de variables como el albedo y las vibraciones.
Del rajo abierto al impacto invisible
La geografía chilena obliga a esta convivencia. Los yacimientos más importantes del mundo, como Los Pelambres, Los Bronces o El Teniente, se ubican por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones climáticas son ideales para la formación de hielo.
«Las nuevas tecnologías y el marco regulatorio actual permiten desarrollar minería evitando la afectación directa», explica Ugalde. Sin embargo, el foco se ha desplazado hacia dos amenazas sutiles pero críticas:
- Deposición de polvo: El polvo generado por la operación se asienta sobre el hielo, oscureciéndolo y reduciendo su albedo (capacidad de reflejar la radiación solar), lo que acelera el derretimiento.
- Vibraciones por tronaduras: Las explosiones controladas pueden alterar la dinámica interna del hielo o provocar desprendimientos en entornos inestables.
La minería como laboratorio científico
Paradójicamente, la mayor fuente de información sobre los glaciares andinos en Chile proviene de las propias empresas mineras. Los estudios de línea de base exigidos por el SEIA han permitido mapear espesores, velocidades de flujo y aportes hídricos de masas de hielo que, de otro modo, nunca habrían sido investigadas por el Estado debido a su difícil acceso.
Esta información, de acceso público, ha convertido a la minería en un financista involuntario de la glaciología aplicada, instalando redes meteorológicas de alta montaña que son fundamentales para entender el cambio climático en los Andes.
El «vacío» legal y el entramado normativo
A diferencia de Argentina, Chile no tiene una ley de glaciares específica, a pesar de que se han presentado seis proyectos desde 2005. No obstante, el país ha «parchado» este vacío con un tejido de normativas robustas:
| Instrumento | Función Principal |
| Código de Aguas (2022) | Define a los glaciares como bienes nacionales de uso público; prohíbe derechos de agua sobre ellos. |
| SBAP | Protege glaciares dentro de Parques y Reservas Nacionales. |
| Inventario de la DGA | Registro público y actualizado de cada cuerpo de hielo en el territorio. |
| Estrategia Nacional (2009) | Establece los lineamientos para el monitoreo y protección a largo plazo. |
El modelo chileno demuestra que la protección ambiental no siempre depende de una ley única, sino de una fiscalización técnica rigurosa y de la generación de datos científicos que permitan tomar decisiones basadas en la realidad de cada cuenca.
Con información de Los Andes.
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