El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los puntos más criticados por la oposición e incluso por sectores económicos.
El RIGI busca incentivar la minería, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio, entre otras pocas actividades. Unas 50 organizaciones de la sociedad civil advierten sobre el efecto ambiental de esta iniciativa de Milei.
El gobierno de Javier Milei impulsa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) dentro de la llamada “Ley Bases” para incentivar inversiones a cambio de beneficios fiscales y garantías para las grandes empresas, pero la iniciativa tiene un objetivo claro: la industria extractivista y aquellas actividades que implican deforestación. En la megaley libertaria, el régimen está destinado exclusivamente a la agroindustria, forestal, minería, gas y petróleo, además de infraestructura, energía y tecnología.
“El daño a los derechos ambientales es muy nítido”, dijo a elDiarioAR Ariel Slipak, coordinador área de Investigaciones en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “El RIGI tiene el concepto de que lo ambiental es un costo y va a flexibilizar en lo laboral, lo fiscal y lo ambiental”, agregó el investigador.
“Hay dos artículos especialmente problemáticos. En el caso del artículo 163, que incluso el secretario de Energía admitió en el Senado que la redacción era ‘poco feliz’, el RIGI permite que el Gobierno Nacional pueda imponerse y llevar a la Justicia cualquier normativa contraria al régimen. Las provincias tienen normas específicas de control que no podrán ser aplicadas”, explicó Slipak.
El segundo artículo problemático es el 219, “que establecer -añadió Slipak- que ante controversias entre el Estado Nacional y el inversor, Argentina cede soberanía jurídica y accede a que la controversia se dirima en un tribunal internacional y no en los tribunales argentinos”, lo significaría renunciar a la soberanía jurídica en pos de una instancia internacional como el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Por último, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADAA) sostuvo que “el RIGI es la vuelta final del extractivismo, el ajuste de tuerca final para convertir a Argentina en un no país, sin soberanía sobre su territorio. Las provincias pierden control sobre los recursos naturales existentes en sus territorios como establece la Constitución. Por eso creemos que es inconstitucional”.
Fuente: El Diario AR
