El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este jueves que enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar el marco regulatorio sobre los glaciares, con el objetivo de permitir que sean las provincias las que determinen las zonas periglaciares en las que se autorizarían actividades mineras.
La iniciativa, que busca impulsar el potencial del sector minero, fue adelantada por el mandatario durante una disertación en el Congreso de Economía Regional en Corrientes.
Enfoque en la Zona Periglacial
«Una de las leyes que vamos a estar mandando tiene que ver con la ley de periglaciales. Está la zona glaciar y la periglacial es el perímetro a partir del cual se pueden hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido», explicó Milei.
El presidente destacó que la minería ofrece «grandes oportunidades para hacer negocios» y tiene el potencial de crear un millón de puestos de trabajo. En este contexto, anticipó que la nueva normativa trasladará la potestad de definir la zona periglacial a las jurisdicciones provinciales, lo que, según él, tendrá como contrapartida «una gran inversión en materia de minería». Milei atribuyó la idea original del proyecto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
El anuncio se produce en un momento de fuertes inversiones en el sector minero argentino, particularmente en proyectos de litio, cobre y oro.
Críticas a Ambientalistas y Marco Constitucional
Durante su intervención, Milei fue crítico con el sector ambientalista. «Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre pero no tocar nada, con una actitud bien primitiva», aseveró.
El proyecto de ley propuesto se inserta en un marco constitucional complejo: si bien la Constitución argentina establece que los estados provinciales son los dueños de los recursos naturales, también garantiza la protección de los derechos ambientales.
Ley de Glaciares: Un Debate Reabierto
La medida propuesta por Milei reabre el debate sobre la Ley de Glaciares, aprobada en 2010 tras una intensa presión de la sociedad civil, la comunidad científica y organizaciones ambientales. Esta ley establece la protección de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y patrimonio natural nacional, prohibiendo la actividad industrial en estas áreas.
Desde su sanción, la norma ha sido objeto de recurrentes cuestionamientos por parte de sectores vinculados a la megaminería. Sin embargo, en 2019, la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad, reafirmando que estos bienes son de carácter público y que, en casos de conflicto, los derechos colectivos, como el acceso al agua, prevalecen sobre los intereses individuales.
Con información de La Vanguardia.
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