Por Resumen Latinoamericano – 20 de octubre de 2025
El economista y exministro ecuatoriano Alberto Acosta advirtió sobre la persistente connivencia entre la minería ilegal y distintos niveles del Estado en Ecuador, una problemática que, según afirma, “se conoce desde hace años” y cuya falta de control ha permitido la expansión del crimen organizado y la devastación ambiental en varias provincias del país.
Acosta recordó que el propio Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020 identificó con precisión los puntos donde operaban explotaciones ilegales, y sin embargo —cinco años después— poco se ha hecho para frenar la actividad, que se ha extendido a nuevas zonas. “Las autoridades siempre supieron dónde se explotaba oro ilegalmente. La pregunta es por qué no actuaron”, cuestionó el exministro.
La reciente operación militar en la parroquia Buenos Aires, realizada en medio del paro nacional, volvió a poner el tema en el centro del debate. Para Acosta, la acción “llega demasiado tarde” y responde más a un movimiento político que a una estrategia sostenida de control.
El exfuncionario enfatizó que la minería ilegal no podría existir sin la complicidad de funcionarios públicos, como han documentado medios de investigación como Plan V y La Fuente. Estos informes apuntan a una “permeabilidad institucional” que favorece el lavado de oro, el ingreso de grupos armados vinculados al narcotráfico y un presupuesto estatal insuficiente para enfrentar el problema.
Acosta también subrayó la difusa frontera entre la minería ilegal y la “legal”, argumentando que muchas empresas formalmente registradas incumplen la Constitución de Montecristi, que reconoce los Derechos de la Naturaleza y las consultas a las comunidades. “En muchos casos, la minería legal se beneficia de la ilegal: se nutre de su producción, comparte áreas concesionadas o utiliza a los informales para romper la resistencia social”, afirmó.
El informe recuerda que en 2024 se detectaron exportaciones de oro por más de USD 1.300 millones realizadas por 56 empresas sin trazabilidad clara, lo que refuerza la sospecha de vínculos entre la extracción ilegal y el circuito formal de exportación.
Para Acosta, el panorama es alarmante: “La minería, tanto legal como ilegal, amenaza la vida humana y la naturaleza. Si no se actúa con responsabilidad, el país enfrentará más saqueo, violencia y destrucción ambiental”.
El exministro concluye con una advertencia: Ecuador debe decidir si continúa por el camino del extractivismo descontrolado o si asume el desafío de proteger sus territorios y comunidades, antes de que el costo económico, social y ambiental sea irreversible.
Con información de Resumen Latinoamericano.
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