“Es el cobre.” “Es Vaca Muerta.” En Mendoza, son ambos. La minería metalífera y el petróleo no convencional se convirtieron en los ejes del horizonte productivo que imaginan los gobiernos nacional y provincial. Con el impulso del presidente Javier Milei y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como marco, el gobernador Alfredo Cornejo busca capitalizar la oportunidad. Pero entre la ansiedad oficial y los tiempos reales de la industria, crece una tensión que atraviesa a la política, a las empresas y a las comunidades.
La urgencia del cobre
El proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata, es hoy la gran apuesta minera de Mendoza. Cornejo pretende conseguir antes de fin de año el aval legislativo necesario para avanzar con la fase productiva y con la presentación de la empresa ante el RIGI, lo que permitiría acceder a beneficios fiscales y financiamiento internacional.
“Es un tema político, lo técnico ya está saldado”, repite el gobernador. Sin embargo, el debate legislativo que debía darle sustento a esa afirmación quedó empantanado entre chicanas, desconocimiento y presiones cruzadas. Según legisladores opositores, el Gobierno intenta forzar una aprobación exprés de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pese a las advertencias de organismos como el Departamento General de Irrigación y a la falta de acuerdo con comunidades originarias que reclaman su Consentimiento Libre, Previo e Informado.
La polémica revela un problema estructural: el Estado mendocino carece de experiencia sólida en control y promoción minera. Los antecedentes —Sierra Pintada, Hierro Indio o Potasio Río Colorado— exponen una larga lista de fracasos, demoras y fondos mal administrados.
“Los funcionarios hablan de inmediatez, pero la minería requiere años, infraestructura y confianza. No se puede apurar un proceso de esa escala”, señaló un empresario extranjero consultado.
Aun así, el Gobierno busca recuperar “tiempo perdido”. En paralelo a San Jorge, impulsa un debate sobre el reparto de regalías, con la intención de mostrar resultados económicos tangibles antes de que terminen las discusiones técnicas. Pero la discusión, advierten en la Legislatura, “mezcla urgencias políticas con temas estructurales” y carece de profundidad.
Malargüe y la realidad minera
Fuera del caso San Jorge, el panorama minero provincial avanza lentamente. En el Distrito Minero Malargüe, solo la empresa Kobrea tiene planes de exploración concretos. Otras firmas, como Geometales, aún no definieron si continuarán sus campañas. “Muchos compraron terrenos pensando en un negocio inmobiliario, no minero”, graficó un operador del sector.
La falta de caminos, energía y logística sigue siendo el “costo mendocino” que desalienta inversiones. El Fideicomiso Pata Mora, creado para financiar infraestructura estratégica, se usa hoy para fines secundarios, lo que genera críticas incluso dentro del oficialismo.
El otro frente: la lengua mendocina de Vaca Muerta
Mientras la minería se discute, la industria petrolera vive una transformación. Mendoza lanzó una licitación para adjudicar áreas hidrocarburíferas, pero el proceso expuso otro problema: empresas que abandonan la provincia.
YPF, por ejemplo, dejará cinco áreas —entre ellas El Manzano y Puesto Molina Norte— para concentrarse en el desarrollo no convencional en Neuquén. Otras firmas, como Petrolera El Trébol, también se retiran. En contraste, aparecen nuevos jugadores como Tango Energy, que tomó los activos de la quebrada Aconcagua y busca socios para desarrollar el área Payún Oeste, con potencial en la “lengua mendocina” de Vaca Muerta.
La ministra de Energía, Jimena Latorre, viajó recientemente a los Emiratos Árabes para atraer inversiones. Allí coincidió con Horacio Marín, CEO de YPF, quien ratificó el compromiso de la compañía para iniciar una segunda etapa exploratoria en Mendoza. Sin embargo, los movimientos podrían postergarse hasta 2026.
“El futuro está en el subsuelo, pero hay que saber esperarlo”, resumió un técnico del sector.
En el horizonte, la UTE Quintana–TSB también planifica una exploración desde 2027 en el área Cañadón Amarillo, contigua a los activos de YPF y Tango. El interés por la zona crece, aunque la superposición de áreas mineras y petroleras —como ocurre con Potasio Río Colorado— podría derivar en nuevos conflictos de uso del territorio.
Entre la promesa y la desconfianza
Mendoza intenta mostrarse como una provincia “amigable con la inversión”, pero los antecedentes y la falta de planificación ponen en duda esa aspiración. Cada avance en minería o petróleo se topa con obstáculos políticos, técnicos o sociales.
La historia de las regalías petroleras —utilizadas en su mayoría para gasto corriente y no para infraestructura— alimenta la sospecha de que la bonanza minera podría correr la misma suerte.
Mientras el Gobierno acelera para mostrar resultados, los expertos advierten que los recursos naturales no se desarrollan al ritmo de la política. “La ansiedad de hoy puede ser el error del mañana”, sintetizó un exfuncionario del área energética.
En el corto plazo, Cornejo apuesta a que San Jorge y Vaca Muerta mendocina se conviertan en los motores de una nueva etapa económica. Pero la realidad de la provincia —entre lobbies, carencias institucionales y tiempos industriales que no se pueden forzar— demuestra que el futuro del cobre y del petróleo todavía está bajo tierra.
Con información de MDZ.
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